A continuación, reproducimos en español el editorial Defending Free Speech Rights of Brazilians and Americans de la Oficina de Políticas, que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el arancel total al 50% debido a graves violaciones de derechos humanos.
Las recientes acciones del gobierno de Brasil constituyen una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos", declaró la Casa Blanca. En respuesta, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que implementa el arancel hasta el 50%.
La Orden considera que la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil.
Recientemente, miembros del gobierno brasileño han tomado medidas sin precedentes para obligar a empresas estadounidenses a censurar el discurso político, expulsar a usuarios de la plataforma, entregar datos confidenciales de usuarios estadounidenses o cambiar sus políticas de moderación de contenido bajo pena de multas extraordinarias, procesamiento penal, congelación de activos o exclusión total del mercado brasileño. Esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de Estados Unidos de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales tanto en el país como en el extranjero, señaló la Casa Blanca.
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, en detrimento de empresas estadounidenses que operan en Brasil.
El juez de Moraes ha emitido unilateralmente cientos de órdenes para censurar en secreto a sus críticos políticos. Cuando empresas estadounidenses se han negado a cumplir estas órdenes, les ha impuesto multas, ha ordenado su exclusión del mercado brasileño de redes sociales, ha amenazado a sus ejecutivos con procesos penales y, en un caso, ha congelado los activos de una empresa estadounidense en Brasil para obligarla a cumplir.
De hecho, el juez De Moraes supervisa actualmente el procesamiento penal de su gobierno contra Paulo Figueiredo, residente estadounidense, por un discurso que pronunció en territorio estadounidense, y ha apoyado investigaciones penales contra otras personas estadounidenses tras exponer sus graves violaciones de derechos humanos y corrupción.
El 18 de julio, el presidente Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, revocar las visas del juez y sus aliados en la Corte y sus familiares directos por su papel en facilitar las violaciones de derechos humanos cometidas por De Moraes contra brasileños y las violaciones de la libertad de expresión contra estadounidenses.
Preservar y proteger el derecho a la libertad de expresión de todos los estadounidenses y defender a las empresas estadounidenses de la censura forzada seguirá siendo una prioridad en la estrategia de política exterior del presidente Trump, "América Primero".
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